En España, la incapacitación judicial es una medida que se adopta en el marco de la ley de enjuiciamiento civil y tiene como objetivo proteger a personas mayores o con discapacidad mental que, por sus limitaciones, no pueden administrar sus bienes o tomar decisiones acerca de su vida.
La incapacitación judicial se puede solicitar por cualquier persona legítimamente interesada, como un familiar, o por el propio incapacitado si es capaz de expresar su voluntad de forma clara.
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